POR MUERTE DE 5 CIVILES: DIECIOCHO MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA 8 MILITARES
- A solicitud de la Primera Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad.
PRIMICIA.- La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín solicitó 18 meses de prisión preventiva contra ocho miembros del Ejército del Perú, investigados por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles fallecidos durante un operativo militar realizado en la región Huancavelica.
El requerimiento fiscal también comprende la investigación por el presunto delito de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de tres personas que sobrevivieron al hecho. Según las investigaciones preliminares, los efectivos habrían realizado un uso desproporcionado de la fuerza durante una intervención antidrogas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Los militares investigados fueron identificados como Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova, quienes son sometidos a las diligencias correspondientes para determinar sus presuntas responsabilidades en los hechos.
De acuerdo con la información fiscal, el caso ocurrió el pasado 25 de abril en la carretera Colcabamba–Ayacucho, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica. El operativo fue reportado inicialmente como un enfrentamiento contra presuntos involucrados en actividades ilícitas; sin embargo, las primeras indagaciones apuntan a que los ocupantes de la camioneta intervenida eran civiles y que el uso de la fuerza habría excedido los parámetros establecidos.
El incidente dejó un saldo de cinco personas fallecidas y tres sobrevivientes, quienes también forman parte de la investigación como presuntas víctimas del delito de tentativa de homicidio calificado.
La Fiscalía sostiene que la medida de prisión preventiva busca garantizar el desarrollo de las investigaciones y evitar riesgos de obstaculización del proceso. El Poder Judicial deberá evaluar el requerimiento fiscal y determinar si corresponde imponer la medida coercitiva solicitada contra los ocho investigados.
El caso ha generado atención pública debido a las circunstancias en las que se desarrolló el operativo y al debate sobre el uso de la fuerza en intervenciones militares en zonas de influencia del Vraem. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades judiciales y fiscales buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a ley.
