EN LA UNH: CONTRATAN A PROVEEDORES IMPEDIDOS POR EL ESTADO
PRIMICIA.- La Contraloría General de la República (CGR) detectó que la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) contrató a 04 proveedores que se encontraban impedidos de contratar con el Estado debido a que fueron destituidos de sus cargos en las entidades públicas donde laboraban e inhabilitados para ejercer la función pública por 05 años, por hechos que ocurrieron en el periodo 2024-2025.
En el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 022-2026-2-4163-AOP se indica, la entidad contrató a tres docentes y un proveedor de servicios diversos, bajo la modalidad de locación de servicios, sin antes verificar si tenían impedimentos para contratar con el Estado, situación que afectó la legalidad de los actos administrativos, así como las contrataciones públicas.
Uno de los docentes -que había sido destituido de la UGEL 02 San Martín de Porres- obtuvo una orden de servicios por S/ 20 mil para realizar una exposición durante tres días en julio de 2025, a pesar de que se encontraba inhabilitado para prestar servicios desde el 2024 y su sanción figuraba en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles desde ese mismo año.
Otro proveedor -impedido de contratar con el Estado desde abril del 2025 por haber sido destituido del Ministerio Público- fue contratado ese mismo año por la UNH mediante cinco órdenes de servicio para dictar clases y brindar asistencia técnica legal.
El tercer docente -destituido de la UGEL Huancavelica- fue contratado en setiembre de 2024 como profesor de posgrado mediante una orden de servicio, a pesar que desde mayo del 2024 su sanción de inhabilitación se encontraba inscrita en el referido registro nacional.
En octubre del 2025, la entidad emitió otras dos órdenes de servicios a favor de un proveedor que se encontraba impedido de contratar con el Estado por haber sido destituido de la UGEL Huancavelica e inhabilitado desde mayo de ese mismo año.
Al revisar los expedientes de contratación, la comisión de control constató que los cuatro locadores de servicios presentaron sus declaraciones juradas donde sostenían no encontrarse impedidos para contratar con el Estado.
