- Hasta el 31 de octubre se han reportado más de 17.000 casos por este delito y 2.027 denuncias por homicidio a nivel nacional.
PRIMICIA.- De enero a octubre de este año se han registrado 17.658 denuncias por extorsión y 2.027 denuncias por homicidio a nivel nacional. Estas cifras son superiores a las registradas en el mismo periodo del 2023, según el Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL). Estos números de la PNP confirman lo que el país entero padece desde hace tres años: la falta de un plan que haga frente a la ola criminal que extorsiona y mata a emprendedores de todos los rubros.
Por este motivo, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Sutep, trabajadores del sector Salud (Minsa), Essalud, obreros municipales, y personal de la industria manufacturera y agroindustria, apoyarán el paro de 72 horas que se inicia el 13 de noviembre, en los días centrales del foro APEC.
De acuerdo con la CGTP y el gremio de transporte que lidera la paralización, esta medida tiene como objetivo exigir al Gobierno acciones efectivas contra la criminalidad y la derogación de la Ley Nº 32108, que beneficia a los criminales, ante el incremento de extorsiones en diferentes sectores, asesinatos y delincuencia en el país.
El ingeniero y analista de datos Juan Carbajal señala que, a nivel nacional, solo en octubre se reportaron 1.854 denuncias por extorsión, es decir, 60 denuncias por día; en setiembre se reportaron 1.774 (59 diarias); y en agosto 1.705 (55 por día).
En Lima metropolitana, sostuvo, los distritos con más denuncias por extorsión son San Juan de Lurigancho, con 991; Lima Cercado, con 644; Comas, con 442; y Villa El Salvador, con 299. “El mes de octubre tiene 996 denuncias por extorsión en Lima metropolitana; esto es, 26 denuncias diarias”, dijo.
En esa línea, Gerónimo López, secretario general de la CGTP, indicó a La República que la incapacidad del Gobierno para combatir la delincuencia los obliga a protestar por el derecho a la vida y la libertad de trabajar. “La falta de acción efectiva por parte del Gobierno ha permitido que las organizaciones criminales sigan operando con impunidad y con mucha más violencia”.
