PRIMICIA. – A pesar del escandaloso allanamiento y detención de funcionarios de la Municipalidad Distrital de Goyllarisquizga por presuntos actos de corrupción, el proceso judicial que los involucra permanece paralizado, sumido en un preocupante silencio institucional.
El 2019, se descubrió una presunta red criminal denominada “Los Ediles de Goyllarisquizga”, integrada por el entonces alcalde Julio César Curi Alarcón, funcionarios municipales y el empresario Darwin Campos Castañeda, quienes habrían coordinado ilícitamente el direccionamiento de licitaciones de obras públicas.
Según la investigación de la Policía Anticorrupción, Michael Curi Alarcón, hermano del alcalde, recibió 25 mil soles en dos pagos distintos de parte del empresario, con el objetivo de asegurar la adjudicación de contratos antes del proceso de selección, entre ellos la ejecución del proyecto: “Mejoramiento del Centro Recreacional Americano de la localidad de Goyllarisquizga”.
Los implicados enfrentaban acusaciones por delitos contra la administración pública, específicamente colusión agravada y cohecho pasivo propio. La detención preliminar de 10 días culminó con el internamiento de varios de ellos en el penal de Cochamarca, siendo los siguientes imputados:
1. Julio César Curi Alarcón, alcalde distrital.
2. Rubén Adolfo Arrieta López, especialista en contrataciones.
3. Rosas Clever Carbajal Ampudia, gerente de obras.
4. Alex Alejandro Condezo Bonifacio, gerente municipal.
5. Rocío Vara Inocente, tesorera.
6. Michael Franklyn Curi Alarcón, hermano del alcalde.
7. Darwin Campos Castañeda, empresario beneficiado.
Sin embargo, en extrañas y sospechosas circunstancias, todos ellos fueron liberados por el juez Cabanillas Catalán, a pesar de las pruebas recabadas y la gravedad de los delitos imputados. El caso, que fue derivado al Ministerio Público y la Fiscalía Anticorrupción, hoy duerme en el sueño de los justos, sin avances, sin control de plazos, y sin presencia efectiva de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
Mientras tanto, varios de los investigados han vuelto a insertarse en la gestión pública, como funcionarios o participando en licitaciones y obras en municipalidades como Huayllay, Palcazú, Paucartambo, Santa Ana de Tusi, incluso en instancias del Gobierno Regional de Pasco.
