- Contratan por más de S/ 1,000 millones con papeles falsos. Empresa Dimica CA reincide en ser la reina del Photoshop
PRIMICIA.- Una nueva modalidad de estafa se ha instalado hace más de 2 años en las licitaciones públicas del Gobierno peruano, con la complicidad evidente de autoridades regionales que han evadido su responsabilidad de denunciar penalmente estos hechos, no obstante la existencia de abundante material probatorio referido a adulteración de documentos para ganar dolosamente licitaciones en los sectores Salud, Vivienda y Construcción, y Transportes y Comunicaciones.
Es lo que viene sucediendo en estos días en la obra correspondiente al Hospital de Ferreñafe, con una inversión de alrededor de 161,9 millones de soles, y que está camino a truncarse debido a que una empresa de origen venezolano INVERSIONES DIMICA CA ganó la buena pro con documentos adulterados, contando para ello con la sospechosa inacción del gobernador regional de Lambayeque y sus gerentes.
Todo indica que asistimos a una nueva modalidad de organización criminal. La ola delictiva proveniente del extranjero no solo es a nivel de extorsión y sicariato, sino que viene utilizando este nuevo modus operandi basado en la falsificación de contratos de obras hospitalarias, viales y de saneamiento sorprendiendo a diversas entidades del Estado con el objetivo de tomar el control de más de mil millones de soles.
El caso y las evidencias han sido de tal magnitud que el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), mediante el oficio Nº 3077-2024-MINSA/PRONIS-CG, remitió lo actuado a la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud, a cargo del abogado José Díaz López, para que tome las acciones legales pertinentes.
Según la carta Nº 2034, firmada por el Coordinador general del PRONIS, José Valega, existen suficientes indicios de la comisión de un presunto concurso de delitos por falsedad ideológica, falsificación de documentos y falsa declaración en procedimiento administrativo, cometidos por la empresa Inversiones Dimica CA y sus representantes.
Cuentan con la sospechosa inacción de las autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque, Junín, Pasco, Arequipa y del Ministerio de Vivienda.
